El Derecho es para la Vida y la Vida es agua

Buenos días a todas y a todos. Un saludo especial a:
Saludos protocolarios
• Magistrados(as)
• Autoridades de la región
• Autoridades de la Universidad
• Señoras y señores jueces que nos acompañan
• Invitados (panelistas)

Saludo con un respeto profundo a mis colegas magistrados de la Corte Constitucional y de las demás altas cortes, a las y los magistrados y jueces que nos acompañan, a las autoridades departamentales y locales que hoy nos acogen con la hospitalidad que caracteriza a esta tierra, a nuestros panelistas, a las y los académicos que nos prestan sus luces para el debate, y, de manera muy especial, a los líderes comunitarios, estudiantes y ciudadanos que han viajado desde distintos puntos de la región.
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Dicen que Barichara es el lugar donde el silencio sabe hablar. Caminar hoy por estas calles de piedra amarilla, bajo este sol soberano que abraza las montañas de Santander, no me hace sentir que estoy asistiendo a un evento protocolario más de la agenda judicial. Por el contrario, me hace sentir el peso de la realidad sobre los hombros.
Barichara es, posiblemente, uno de los rincones más hermosos de nuestra geografía, pero su belleza es también un testimonio silencioso de una lucha histórica y tenaz: la lucha por el agua.
Estar aquí es recordar, que sin este recurso, la piedra es solo piedra y la tierra es solo polvo. Ustedes no han venido hoy aquí a escuchar una cátedra magistral de derecho abstracto; han venido a buscar respuestas para una necesidad que, literalmente, no da espera.
Hoy avanzamos con estos Diálogos Constitucionales, es el segundo de nuestra agenda; con una premisa clara: "El derecho al agua es un derecho autónomo; sin su garantía, la dignidad no es posible". Y no hay mejor lugar que Barichara para entender que el agua es el latido mismo de la supervivencia.
Quiero hablarles con total autenticidad, despojándome por un momento de la formalidad que a veces impone la toga. Desde la capital, con cierta frecuencia, el derecho se escribe con una pulcritud que asusta. Se redactan sentencias con palabras elegantes sobre el "mínimo vital" o la "prestación de servicios públicos". Pero hoy quiero hablarles con la franqueza de quien sabe que un concepto jurídico no calma la sed, ni llena un cántaro, ni evita que un niño enferme por
beber agua contaminada.
Como mujer, madre y magistrada, les confieso que me duele la piel de Colombia. Me duele ver cómo el mapa de nuestra patria se está agrietando. Lo que hoy nos convoca no es un debate académico; es una emergencia humanitaria que tiene nombres y apellidos. Hemos venido a escuchar el dolor de quienes viven las inclemencias de un Estado que a veces parece una sombra lejana.
Nos indigna La Guajira. Y lo digo sin matices: es una vergüenza nacional que, en pleno siglo XXI, la falta de agua potable sea la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de nuestros hermanos wayúu. Es un problema de moral pública, no de falta de recursos o infraestructura. Cada carrotanque que se pierde en la burocracia, cada jagüey que se dice recuperado o construido y no existe, es un atentado directo contra la esencia misma de nuestra Constitución. No podemos seguir hablando de "progreso" o de "desarrollo económico" en los foros internacionales cuando en nuestra propia casa, privilegiada por la naturaleza, el agua se ha convertido en un botín de guerra para los corruptos. La corrupción que trafica con la sed es la forma más baja de violencia contra la dignidad humana.
Esa misma sombra de olvido recorre varios otros lugares de nuestro país, donde los pueblos ancestrales y las comunidades rurales ven pasar los ríos frente a sus ojos mientras sus pozos se secan y el agua no llega a sus viviendas. O donde el agua sobra en las nubes pero falta en los hogares, demostrando que la pobreza en Colombia no es un accidente de la naturaleza, sino un resultado de la desidia.
Es una contradicción que nos debería avergonzar como sociedad: vivir rodeados de agua y morir de sed por falta de infraestructura, por desidia administrativa o por el apetito insaciable de quienes ven en lo público una oportunidad de saqueo. La falta de acceso al agua potable es, hoy por hoy, el indicador más cruel de la pobreza en Colombia. Es la frontera invisible que separa a quien puede vivir con dignidad de quien se ve obligado a mendigar por un recurso que la naturaleza nos dio gratuitamente, pero que el sistema le ha negado.
Por eso, cuando hablamos de justicia constitucional en estos diálogos, no estamos hablando de otra cosa que de la protección de la vida en su estado más puro. El agua es el derecho que sostiene a todos los demás derechos. Cuando hablamos del derecho al agua, hablamos de la vida, porque sin agua la supervivencia se vuelve incierta. Hablamos de la salud, porque el agua potable y el saneamiento son presupuestos básicos de salubridad y de reducción del riesgo de adquisición de enfermedades. Hablamos de la vivienda digna, porque un hogar sin agua deja de ser plenamente habitable. Hablamos de la educación, porque cuando las niñas y niños deben dedicar su tiempo a conseguirla, o las escuelas carecen de condiciones sanitarias adecuadas, el aprendizaje se interrumpe.
Hablamos también del trabajo y de los medios de subsistencia, porque sin agua no hay entorno productivo seguro ni posibilidad real de sostener una vida digna. Hablamos de equidad en razón del género, porque, como afirmó la ONU, “donde fluye el agua, crece la igualdad”.
Hablamos del derecho a la paz, porque una comunidad sin agua está en conflicto. La afectación del agua, entonces, no permanece aislada: se proyecta sobre el conjunto de la experiencia humana y sobre la posibilidad misma de ejercer otros derechos ¹.

En la Corte Constitucional hemos recorrido un camino largo y valiente para que el derecho al agua no sea un concepto etéreo o una simple aspiración romántica. En el constitucionalismo contemporáneo, hemos logrado un hito fundamental: el reconocimiento del agua potable como un derecho fundamental autónomo.
El agua potable, en consecuencia, no es solo un recurso escaso, ni una prestación pública que pueda agotarse en cifras de cobertura o capacidad instalada. Es una condición básica de la vida en común. Sylvia Earle lo resumió con una claridad difícil de superar: “[s]in agua no hay vida. Sin azul no hay verde” ².  . Allí donde el agua falta, o llega de manera insuficiente o insegura, no se afecta únicamente la rutina de una comunidad: se comprometen las condiciones mínimas para vivir con dignidad, pues el agua es la base material sobre la que descansan otros derechos fundamentales ³.

Hemos pasado de verla como un simple servicio domiciliario sujeto a la capacidad de pago, a entenderla como un recurso esencial de vida.
Hemos dictado sentencias que protegen los páramos, que garantizan el mínimo vital de poblaciones que carecen de ella, incluida la población privada de la libertad, y otras más que exigen la protección de las cuencas. Sin embargo, soy la primera en reconocer una realidad dolorosa: la jurisprudencia ha avanzado mucho más rápido que las tuberías y las plantas de tratamiento.
De nada sirve que en Bogotá firmemos sentencias suficiente y robustamente fundadas en argumentos jurídicos si en las regiones a la apertura del grifo no le sigue la de la vida. El éxito de nuestra labor se mide por la transformación de la realidad en los territorios y no por la elegancia de nuestros fallos. Mi compromiso hoy, frente a ustedes en Barichara, es que estos Diálogos no se queden en el discurso judicial y teórico. La justicia constitucional debe ser ese puente sólido que conecte lo "global" —esos grandes tratados de protección ambiental y de derechos humanos— con lo "territorial": con el acueducto rural que no funciona, con el pozo que se secó por la minería ilegal o con la comunidad que espera el carrotanque que se quedó varado por la corrupción.
Por eso, el mensaje contundente que quiero dejar hoy en la memoria de cada asistente en este evento es: Necesitamos fortalecer la exigibilidad judicial, sí, pero nuestro objetivo real debe ser orientar transformaciones estructurales. No más soluciones temporales.
Necesitamos que el Estado, desde la planeación nacional hasta el concejo municipal, entienda que el agua no es un favor que se le hace al pueblo; es la obligación primaria de cualquier sociedad que se pretenda civilizada. Las transformaciones deben ser de fondo: en la transparencia de la contratación, en la protección técnica de las fuentes y en la priorización del gasto público. La eficiencia no puede seguir midiéndose en el número de contratos firmados, sino en el número de vidas salvadas y en la cantidad de hogares que pueden abrir una llave con la certeza de que su salud no corre peligro.
Por eso la conversación sobre el agua no puede agotarse en la lógica de la urgencia. Exige gobernanza, planeación y responsabilidad pública. Exige autoridades capaces de articular la protección de los ecosistemas con los usos productivos, de reconocer las necesidades de las comunidades rurales y marginadas, y de diseñar esquemas que garanticen la prestación del servicio sin sacrificar su asequibilidad para los más vulnerables. El Estado no cumple su deber limitándose a administrar la escasez; lo cumple cuando organiza sus capacidades y garantiza un acceso más equitativo, más seguro y más estable ⁴..
Aquí en Santander, sabemos lo que significa trabajar la tierra con las uñas. Sabemos que el agua es el alma del campo. Por eso, este diálogo debe abordar también la dimensión ambiental. Lo global nos advierte sobre el cambio climático, sobre el agotamiento de los glaciares y el envenenamiento de los ríos. Pero lo territorial nos muestra la urgencia de proteger hoy mismo nuestros nacimientos de agua.
La justicia constitucional debe ser una justicia climática y social al mismo tiempo. No podemos proteger el agua si no protegemos a quienes viven cerca de ella, a los campesinos y pueblos étnicos que son sus guardianes naturales; por ello, la Corte Constitucional ha reconocido esta imbricación entre el agua y el ser humano a partir de los derechos bioculturales, protegiendo la cuenca del río Atrato. El agua debe dejar de ser un privilegio para ser el derecho de todos, especialmente de los más vulnerables, de aquellos que están en la periferia de la periferia.
Si queremos una paz estable y duradera, debemos empezar por lo básico. No habrá paz en los territorios mientras persista la sed. No habrá justicia social mientras el agua potable sea un lujo que solo algunos pueden costear. La paz en Colombia también fluye a través del acueducto que funciona y de la participación de las comunidades que tienen la sabiduría para gestionar los recursos naturales.
Hoy, en esta Barichara tallada en piedra, quiero que hagamos un pacto de autenticidad. No he venido aquí para que me escuchen recitar artículos de la Constitución. He venido a decirles que la Corte Constitucional tiene los oídos abiertos al clamor de las regiones. Nos indigna la corrupción que trafica con la necesidad, nos duele la ineficiencia que perpetúa la pobreza y nos preocupa la lentitud con la que llegan las soluciones estructurales. 

Quiero que este encuentro quede grabado en su memoria no como un evento protocolario, sino como el momento en que la justicia se bajó del estrado, caminó por las calles sedientas de Santander y se comprometió con la protección de los derechos fundamentales de los colombianos.
Hace algunos días, paradójicamente, la extraordinaria capacidad humana que condujo a tres hombres y, por primera vez, a una mujer a transitar la órbita lunar, nos recordó, una vez más, nuestra fragilidad y el pequeño espacio-tiempo que ocupamos en un universo que es sublime, inefable, inabarcable. El planeta tierra es uno más de los planetas de nuestra galaxia, pero, al tiempo, es nuestra única casa, aquella que, gracias a su constante y fluido proceso de millones de años, abrigó la vida en el momento oportuno y permitió el surgimiento, no de una, sino de una diversidad de especies, todas ellas llamadas a cohabitar.
En la inmensidad de la oscuridad, nos vimos iluminados desde la distancia, navegando en un bote que parece flotar tranquilamente por el universo, como afirmó Christina Koch, pero que, sabemos, transita con una gran y ruidosa ola de violencia y de injusticia, y alberga huéspedes en condiciones que se oponen a la riqueza que aquí florece.
Recientemente, en el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 20265, se documentó que, para el año 2024, 2.100 millones de personas carecían todavía de acceso al agua gestionada de forma segura; 3.400 millones no tenían acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura y 1.700 millones no contaban con servicios básicos de higiene en sus hogares ⁵..

La reflexión es necesaria, «[a]lgún día», afirmó Ronadl Dowrkin ⁶ , «(…) el sol estallará y entonces no quedará nada que pueda dar siquiera un indicio de cómo vivíamos. ¿Cómo podemos reconciliar, [entonces,] estas dos ideas: que la vida no es nada y, [al mismo tiempo] que el modo en la que la vivamos lo es todo?».
Estos diálogos constitucionales no pretenden imponer ideas estáticas en territorios donde el conocimiento y la sabiduría se construyen, existen y vivencian día a día; no tienen la pretensión de bajar el telón y pronunciar la última palabra. Por el contrario, la Corte Constitucional busca generar espacios genuinos de diálogo, en los que, parafraseando a Simone Weil, “la capacidad de prestar atención sea la forma más pura de generosidad”. Al amparo de una Constitución liberal y democrática como la nuestra, toda persona tiene garantizado su derecho a vivir conforme a sus propios valores éticos; y, en virtud del deber de
solidaridad, también estamos llamados a construir los lazos que nos permitan cuidarnos, preocuparnos por el bienestar del otro, contribuir para que los derechos aún no garantizados sean una realidad; a vivir tripulando conjuntamente la casa en la que navegamos.
A los jóvenes que nos escuchan, a los líderes que no se rinden a pesar de las amenazas, a los trabajadores de las empresas de servicios públicos que hacen milagros con presupuestos escuetos: ustedes son los aliados y protagonistas de la Constitución Política. La Corte está con ustedes. Nuestra misión es salvaguardar ese latido que nos une, ese hilo invisible de agua que recorre todo el territorio a través de los ríos voladores, que conecta el páramo con el mar y la Constitución con la vida diaria de cada colombiano.
Finalizo invitándolos a que durante esta jornada discutamos con el rigor que exige el derecho, pero también con la sensibilidad que exige la realidad. Que cada ponencia, cada debate y cada conclusión sea un paso hacia adelante para erradicar la sed en nuestro país. No permitamos que la ineficiencia nos gane la partida. No permitamos que el desánimo nos haga creer que las cosas no pueden cambiar.
Recordemos siempre: el derecho es para la vida, y la vida es agua.
Muchísimas gracias. Declaro oficialmente inaugurados estos Diálogos Constitucionales en la hermosa Barichara. Que la palabra sea clara como el agua y firme como la piedra.
Feliz día para todos.