Efrain Cepeda
Efrain Cepeda

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció este martes con firmeza frente al anuncio del Gobierno Nacional de expedir por decreto una consulta popular que ya fue negada por el Congreso de la República. Cepeda calificó esta intención como “un acto absolutamente ilegal” y aseguró que representa una amenaza directa al Estado social de derecho y a la separación de poderes. 

“La consulta fue negada en el Senado, incluso se rechazó mi apelación. Una decisión contraria sería pasar por encima de dos ramas del poder público: el legislativo y el judicial”, advirtió el congresista conservador. 

El pronunciamiento fue hecho luego de que el Ejecutivo anunciara su intención de llevar adelante la consulta popular, pese a la negativa del Congreso. Según Cepeda, si el Gobierno tiene dudas sobre la legalidad del trámite legislativo, debe acudir a los jueces y no actuar por fuera del marco institucional. 

 

“No se puede hacer campaña con los recursos del Estado” 

Cepeda también cuestionó duramente el posible uso de fondos públicos para promover la consulta. “Lo que se pretende es hacer campaña política con 800 mil millones de pesos de los colombianos. Eso no va a pasar”, afirmó. 

El presidente del Senado advirtió que ese dinero podría destinarse a atender necesidades sociales urgentes en lugar de financiar un proceso que, a su juicio, carece de sustento jurídico y legitimidad democrática. 

 

Llamado al respeto institucional 

En su intervención, Cepeda reiteró que el respeto por la institucionalidad y la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier interés político. “Este tipo de decisiones ponen en riesgo la estabilidad democrática del país. La división de poderes es una garantía para todos los colombianos y no puede ser vulnerada por decreto”, concluyó. 

 

Contexto: 

La consulta popular fue inicialmente propuesta por el Gobierno y presentada ante el Congreso, pero no logró el respaldo suficiente. Pese a ello, el Ejecutivo ha señalado que avanzará en su implementación por otras vías, lo que ha desatado críticas por parte de diferentes sectores políticos y jurídicos.