En medio del intenso debate político que atraviesa Colombia, algunas decisiones trascienden la lógica estrictamente electoral y adquieren una dimensión histórica.
Tal es el caso del nombramiento realizado por el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, como su fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena caucana y actual senadora de la República AÍDA QUILCUÉ.
No se trata simplemente de la conformación de una alianza política para disputar el poder. Esta decisión encierra un significado mucho más amplio y profundo, como el reconocimiento tardío -pero necesario- de los pueblos indígenas y campesinos que, desde el origen mismo de la República de Colombia (Congreso de Angostura 17 de diciembre de 1919), han sostenido una ardua lucha silenciosa por la defensa de sus tierras, la dignidad y la participación política.
Desde que Colombia fue erigida como República en la fecha arriba señalada, la estructura del poder político nacional, estuvo fuertemente influenciada por élites económicas y terratenientes que consolidaron su dominio sobre el territorio y las instituciones estatales. En ese largo proceso histórico, amplios sectores de la población rural, particularmente las comunidades indígenas y campesinas, quedaron relegados al margen de la vida política y sometidos a sistemas de explotación servil que hoy resulta difícil de justificar desde cualquier perspectiva ética y jurídica.
Uno de esos sistemas fue el llamado “terraje”, mecanismo mediante el cual campesinos e indígenas debían pagar con su trabajo a la élite terrateniente, el derecho a habitar y cultivar tierras que, en muchos casos, habían pertenecido ancestralmente a sus comunidades. Esta forma de subordinación agraria consolidó una estructura social profundamente desigual que marcaría buena parte de la historia rural colombiana.
Frente a esta realidad, surgió desde comienzos del siglo XX, la figura del líder indígena Manuel Quintín Lame, abuelo de AIDA QUILCUÉ, quien emprendió la lucha por la recuperación de los territorios indígenas y por el reconocimiento de sus derechos colectivos, convirtiéndose en un referente fundamental para los movimientos sociales del país. Su activismo le costó persecuciones, encarcelamientos y el constante señalamiento de los sectores dominantes que veían en sus reivindicaciones una amenaza al orden agrario establecido.
Las tensiones de las comunidades rurales indígenas y campesina, ocasionadas por los grandes propietarios de tierra, no fue episodios aislados. Constituyeron contrario sensu, una de las raíces estructurales de los conflictos sociales y políticos que posteriormente desembocarían en las distintas formas de violencia que hemos conocido los colombianos a lo largo del siglo XX.
Es de advertir que, durante el gobierno del expresidente Guillermo León Valencia (1962-1966), abuelo paterno de Paloma Valencia, estas tensiones alcanzaron momentos críticos en distintas regiones del país, particularmente en zonas campesinas donde la disputa por la tierra en cabeza de la clase capitalista, la exclusión política y la represión estatal, alimentaron escenarios de confrontación que terminarían incubando nuevas expresiones del conflicto armado. Al punto que, la historia indica, que este personaje, durante su mandato propicio la creación de la FARC, al atacar con 15.000 soldados y la fuerza aérea, a un grupo de campesinos, por el solo hecho de practicar la economía social o colectiva.
Estos procesos han sido ampliamente estudiados y documentados por investigadores sociales y académicos. Entre ellos el destacado sociólogo e historiador Orlando Fals Borda, quien documentó con rigor las luchas campesinas e indígenas, y analizó cómo la desigual distribución de la tierra y la exclusión política, configuraron buena parte de las tensiones estructurales de la sociedad colombiana.
En ese contexto histórico, adquiere especial relevancia la trayectoria política de AÍDA QUILCUÉ. Su liderazgo no surge de los círculos tradicionales del poder, sino de las luchas comunitarias por el territorio, la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Su presencia en la escena política nacional, simboliza en muchos sentidos, la continuidad de una resistencia histórica que se ha prolongado por generaciones.
No obstante, las comunidades indígenas y campesinas han enfrentado también un fenómeno persistente como la estigmatización. Es de advertir que, en distintos momentos de la historia reciente, sus reivindicaciones han sido injustamente asociadas con actividades insurgentes o subversivas, con agendas de confrontación, cuando en realidad su lucha fundamental ha girado alrededor de la defensa del territorio, la cultura, la vida y dignidad humana.
Es por ello, que el debate que hoy se abre en torno a esta fórmula vicepresidencial no debería limitarse a las disputas partidistas. Lo verdadero y, sumamente importante, es reflexionar sobre el tipo de país que Colombia quiere construir en el siglo XXI: uno que continúe con las exclusiones históricas, u otro que avance hacia el reconocimiento pleno de su diversidad social, cultural y política.
Es de destacar que, la Constitución Política de Colombia de 1991, consagra en su artículo 1º, el Estado Social de Derecho, erigido en el respeto por la vida y la dignidad humana, la igualdad y la participación democrática. Sin embargo, más de tres décadas luego de su promulgación no ha tenido aplicación, de allí que, el desafío sigue siendo convertir esos principios fundamentales, en realidades tangibles para millones de ciudadanas-ciudadanos que aún enfrentan condiciones de desigualdad estructural.
En última instancia, la discusión no debería centrarse únicamente en los nombres propios de los candidatos, sino, en el significado histórico de las decisiones políticas que se toman. Por cuanto, cuando una nación decide ampliar los espacios de representación para quienes durante siglos fueron invisibilizados, no solo está configurando una fórmula electoral, sino que, está escribiendo un nuevo capítulo de su historia política y democrática.
De allí que, el reto que siempre hemos tenido, es que, ese reconocimiento simbólico se traduzca y se materialice también, en transformaciones reales para las comunidades que durante tanto tiempo han esperado ser escuchadas, reconocidas y tenidas en cuenta. Solo entonces, la política habrá cumplido su verdadero propósito como el de servir al bien común y honrar la dignidad de todos los ciudadanos. De allí, el reconocimiento que debe hacerse al candidato presidencial Iván Cepeda Castro, integrante del partido político Pacto Histórico, al haber tenido en cuenta como su fórmula a la vicepresidencia de la Republica, a una mujer lideresa, perteneciente las comunidades indígenas invisibilizadas por tanto tiempo, por las elites de los partidos políticos tradicionales del capitalismo salvaje.