Editorial

**Colombia frente al desafío histórico de la descentralización y la autonomía de sus regiones**
El debate sobre el ordenamiento territorial, la descentralización y la autonomía de las regiones ha sido una constante en la historia republicana de Colombia.

Hoy, estas discusiones vuelven a ocupar un lugar relevante en la agenda nacional, a partir de los planteamientos del actual procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y de la propuesta de regionalización formulada por Abelardo de la Espriella. Se trata de una oportunidad para revisar los antecedentes constitucionales, legislativos e históricos que han marcado la organización político-administrativa del país y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Colombia en esta materia.
En su libro *Construyendo un nuevo país*, el actual procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, recoge un compendio de los procesos legislativos que acompañó en su condición de secretario general de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. En esta obra reconoce y expresa su gratitud a distinguidos senadores como Aurelio Iragorri Hormaza, Juan Camilo Restrepo, Amílcar Acosta y Juan Guillermo Ángel, entre otros, quienes participaron en estas iniciativas.
Este trabajo legislativo tuvo como fundamento el artículo primero y los artículos 285 y siguientes de la Constitución Política de 1991. En ellos se encuentran las bases para avanzar en materias como la descentralización, la autonomía territorial, la participación de los municipios en las transferencias de recursos de la Nación, la distribución de las regalías y el ordenamiento territorial.
De este proceso surgieron importantes instrumentos del ordenamiento jurídico colombiano, entre los que podemos destacar la Ley 388 de 1997, de Desarrollo Territorial; la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial; la Ley 1962 de 2019 y la Ley 2294 de 2023. Asimismo, merece especial mención el Acto Legislativo No. 1 de 1993, mediante el cual se erigió a Barranquilla como Distrito Especial, Industrial y Portuario.
En la actualidad, la propuesta de Abelardo de la Espriella de convertir a una ciudad de la Costa Caribe en «capital alterna de Colombia» para atender los asuntos de las regiones vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: ¿cómo avanzar hacia un modelo de Estado que garantice una mayor autonomía y capacidad de decisión a los territorios?
Para comprender el alcance de este debate, resulta oportuno recordar algunos episodios fundamentales de nuestra historia republicana y las transformaciones que ha experimentado Colombia en su organización geopolítica e institucional.

Los antecedentes históricos de la organización territorial colombiana

En primer lugar, debemos recordar la Constitución neogranadina de 1853, durante la presidencia de José María Obando. Este modelo político e institucional, denominado «centro-federal», mantuvo una estructura de gobierno central nacional, pero otorgó una amplia autonomía administrativa y mayores facultades a las provincias, abriendo el camino hacia el federalismo en el país.
Posteriormente, en 1858, se estableció la Confederación Granadina, que convirtió a Colombia en una República Federal y agrupó los territorios de la actual Colombia y Panamá. Este modelo, instaurado mediante la Constitución de 1858 e impulsado durante el gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez, reconoció inicialmente ocho estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander, a los que posteriormente se sumó Tolima. Estos territorios contaban con amplias facultades de autonomía administrativa y capacidad para elegir a sus propios gobernadores y autoridades.
¿Qué sucedió entonces? Las tensiones entre el Gobierno central, de orientación conservadora, y los estados con tendencias liberales radicales, sumadas a los conflictos políticos y territoriales, desencadenaron una guerra civil entre 1860 y 1863, liderada por el general liberal Tomás Cipriano de Mosquera contra el poder central.
El conflicto culminó con el triunfo liberal y la promulgación de la Constitución de Rionegro de 1863, que transformó el país en los Estados Unidos de Colombia e inauguró el periodo conocido como el Olimpo Radical, caracterizado por la hegemonía de la facción más progresista y laica del Partido Liberal.
Fue entonces cuando se consolidó una federación de nueve estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, con amplias facultades legislativas y fiscales, así como ejércitos propios.
Después de varios conflictos civiles y de la permanente pugna entre liberales federalistas y conservadores centralistas, este modelo fue abolido con la Constitución de 1886, impulsada por Rafael Núñez, que instauró una República unitaria y centralizada.
Años más tarde, entre 1899 y 1902, Colombia enfrentó la Guerra de los Mil Días, un conflicto civil entre liberales y conservadores que dejó una profunda crisis fiscal, debilitó económica y militarmente al país y contribuyó al contexto que facilitó la separación de Panamá, el 3 de noviembre de 1903.
También debemos recordar otros episodios de violencia política que marcaron nuestra historia y que, posteriormente, dieron paso al Frente Nacional, un periodo de alternancia política que buscó recuperar la estabilidad institucional. Décadas después, la Asamblea Nacional Constituyente dio origen a la Constitución Política de 1991, que introdujo nuevas bases para la descentralización, la participación ciudadana y la autonomía territorial.

La regionalización: un debate que vuelve a la agenda nacional

En su programa de gobierno, Abelardo de la Espriella ha planteado la necesidad de avanzar hacia una descentralización real de las regiones y los departamentos. Esta discusión también ha sido promovida por diferentes líderes políticos y regionales, entre ellos los gobernadores de Antioquia, Julián Rendón, y del Atlántico, Eduardo Verano, quienes han manifestado su interés en fortalecer la regionalización y han puesto sobre la mesa la discusión acerca de una mayor autonomía fiscal y la viabilidad de revisar el modelo de organización territorial, incluso considerando alternativas de carácter federal que otorguen mayor independencia a las regiones en la toma de decisiones y el recaudo de impuestos.
Estas propuestas plantean interrogantes de gran importancia jurídica, política y fiscal: ¿es necesario revisar el actual modelo de Estado unitario? ¿Cómo garantizar una distribución más equitativa de los recursos nacionales? ¿Qué competencias y responsabilidades deberían asumir los departamentos y las regiones? ¿Cómo fortalecer la autonomía territorial sin comprometer la unidad nacional?

Una reflexión abierta para Colombia

Con este breve recorrido histórico queremos recordar que nuestro país ha transitado por diferentes modelos de organización territorial durante su vida republicana. Las circunstancias, los debates y muchos de los desafíos que motivaron aquellas transformaciones siguen vigentes, aunque hoy se presentan en un contexto institucional y constitucional diferente.