El Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa en
Colombia, continúa consolidando su rol como garante de la seguridad jurídica mediante la
figura de la unificación de jurisprudencia, una herramienta que busca ofrecer respuestas
coherentes, predecibles y uniformes a los ciudadanos frente a situaciones jurídicas similares.
Durante los últimos meses, la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, ha
emitido importantes decisiones que no solo reafirman los criterios establecidos, sino que
también aclaran puntos clave en materias como responsabilidad estatal, indemnización de
perjuicios y el alcance de los fallos frente a entidades públicas.
¿Qué es la unificación de jurisprudencia?
Se trata de una figura prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), que permite al Consejo de Estado sentar criterios
obligatorios para los jueces en situaciones similares. Su objetivo es garantizar igualdad ante la
ley y fortalecer el principio de seguridad jurídica, evitando que casos parecidos reciban fallos
contradictorios.
La Sala de Unificación estudia aquellos asuntos en los que existen posturas dispares o cuando
es necesario precisar el alcance de una doctrina reiterada. Las sentencias que se emiten en
este contexto tienen efectos vinculantes dentro de la jurisdicción.
Casos clave en la reciente actividad jurisprudencial
Uno de los casos más relevantes abordó la responsabilidad extracontractual del Estado por la
privación injusta de la libertad. En la Sentencia de Unificación del 5 de febrero de 2024
(Radicación 66001-23-33-000-2014-00391-01), se reiteró que no toda privación que termina en
absolución genera automáticamente responsabilidad patrimonial del Estado. La decisión
precisó que debe verificarse si la actuación estatal fue antijurídica y si existe un daño
indemnizable, clarificando así el criterio probatorio en este tipo de demandas.
Otro pronunciamiento significativo fue el del 18 de marzo de 2024 (Radicación
05001-23-33-000-2010-00109-01), relacionado con la pérdida de investidura de concejales. La
Sala reiteró que no procede declarar la nulidad de las decisiones del Tribunal Administrativo cuando los demandantes omiten la carga de la prueba, reafirmando así el deber de los
ciudadanos de sustentar sus demandas con fundamentos sólidos.
Implicaciones para la administración de justicia
Las decisiones de unificación contribuyen de manera decisiva a la eficiencia del sistema
judicial. Al proporcionar directrices claras, se evitan dilaciones innecesarias y se reduce el
margen de discrecionalidad de los jueces. Esto no solo mejora la calidad de las sentencias,
sino que refuerza la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Además, los fallos unificados actúan como referencia para litigantes, abogados y entidades
públicas, quienes pueden anticipar el posible desenlace de un litigio con base en criterios ya
establecidos por el Consejo de Estado.
Retos y perspectivas
Si bien la herramienta de unificación ha demostrado ser eficaz, persisten desafíos como el
desconocimiento por parte de algunos operadores jurídicos o la falta de acceso ágil a las
sentencias más recientes. Por ello, el Consejo de Estado ha reforzado su política de
divulgación a través de boletines informativos, como el recientemente publicado, que permite a
la ciudadanía conocer de primera mano los criterios que guían a la alta corte.
Asimismo, se ha impulsado el uso del lenguaje claro y el análisis pedagógico en las decisiones,
facilitando su comprensión incluso para quienes no son especialistas en derecho.